EU-Segorbe asume el sobreseimiento de la denuncia por parte de la Fiscalía anticorrupción debido a la sumisión de esta al poder político que la dirige.

EUPV, respeta pero no entiende el archivo de la denuncia presentada ante la fiscalía anticorrupción contra los concejales que votaron a favor de la permuta de solares del Sector-1 de Segorbe y que va a suponer la ruina económica para Segorbe.

Esta decisión está basada en la práctica imposibilidad institucional de proseguir con el proceso por parte de nuestra formación pese a la profunda discrepancia en los motivos alegados por la fiscalía para el archivo de la denuncia.

Para la EUPV resulta contradictorio que la fiscalía base el archivo aduciendo motivos que quedaban resueltos en la sentencia que condenó meses atrás al consistorio segorbino al pago de millonarias compensaciones. EU-Segorbe, lamenta los ataques anteriores y posteriores al archivo de la demanda por parte tanto del PP como del PSPV-PSOE de Segorbe y recuerda que se hallaba en su derecho y en su obligación vista la sentencia condenatoria de llegar lo más lejos posible judicialmente en la búsqueda de responsabilidades en un caso que va a arruinar la ciudad de Segorbe.

         Recordar que desgraciadamente, es demasiado habitual en la fiscalía española la adopción de acuerdos que perjudican e impiden el correcto ejercicio de sus derechos a los ciudadanos e instituciones en la búsqueda de la responsabilidad ante actuaciones irresponsables de ayuntamientos, comunidades y el propio gobierno central. Cabe pues reclamar una mayor implicación, independencia y rigor a un órgano fundamental para la defensa de nuestros derechos y menos sectarismo y alineamiento que en nada contribuye al normal funcionamiento democrático.

En el caso particular que nos ocupa se llega al extremo por parte de la Fiscalía a afirmar que el denunciante (EU) no acompaña apoyo documental en la denuncia para probar que se ha producido una infravaloración de los terrenos permutados. Con solo leerse la Fiscalía  la sentencia que adjuntamos en la denuncia, observaría un párrafo que dice lo siguiente “se ha producido una infravaloración de los terrenos permutados estimada es 624.000 euros”, es decir que se dictan resoluciones judiciales en las cuales ni se han tenido en cuenta las pruebas aportadas.

Un claro ejemplo más, y van muchos (Caso Noos), de la sumisión del poder judicial al poder político que es en definitiva quien lo elije. No está de más recordar que la Fiscalía esta teledirigida por el gobierno de turno, ya que este designa digitalmente al Fiscal General del Estado de quien dependen jerárquicamente todos los fiscales. Quizá es que hubiera sido demasiado para el poder político valenciano del PP ver sentado a su tesorero regional Rafael Calvo en el banquillo de los acusados, ya llueve sobre mojado.